Un escándalo increíble ha sacudido el Distrito Escolar 152 de Harvey, Illinois. Vera Liddell, quien ocupó durante años el cargo de directora de servicios de alimentos, ha sido condenada a nueve años de prisión por orquestar un elaborado plan de robo que involucra más de 11,000 cajas de alitas de pollo valoradas en aproximadamente $1.5 millones. Esta impactante historia comenzó en julio de 2020, durante el apogeo de la pandemia de COVID-19, cuando el distrito con preocupación empezó a notar irregularidades en su presupuesto destinado a la alimentación escolar.
La situación comenzó a desvelarse cuando se descubrió que las compras de alimentos estaban muy por encima de lo presupuestado. A pesar de que las escuelas estaban cerradas y los estudiantes recibían kits de alimentos en casa, Liddell aprovechó su cargo para desviar la comida destinada a los estudiantes.
- Inicio del Escándalo: Liddell comenzó a desviar los alimentos en julio de 2020.
- Descubrimiento: La irregularidad fue detectada durante una auditoría rutinaria que mostró un sobrepresupuesto de $300,000.
- Arresto: Liddell fue arrestada en 2023 tras ser acusada de robo y de operar una empresa criminal.
Durante el tiempo que Liddell estuvo robando, utilizó servicios del distrito, incluso una camioneta escolar para transportar el alimento robado, lo que intensifica la gravedad del delito. Según informes, no un solo estudiante se benefició de esas alitas, ya que la comida nunca llegó a las mesas. En cambio, Liddell se embolsó los fondos y adquirió un vasto stock de pollo que aparentemente se acabó en su propiedad personal.
El caso llamó la atención de los medios, incluyendo a ABC 7 Chicago y WGN TV, quienes detallaron la historia de Liddell, resaltando la traición que representa para la comunidad educativa. A pesar de las pruebas evidentes y de su confesión, el hecho de que alguien con su cargo haya abusado de la confianza y los recursos destinados al bienestar de los estudiantes fue un golpe duro para la comunidad.
Los fiscales subrayaron que lo más triste de este caso no es solo el robo, sino el daño infligido a los niños que necesitaban estos alimentos durante momentos difíciles. La pandemia ya había cerrado las escuelas, y muchos dependían de estos programas para recibir nutrición básica.
La Sentencia y las Consecuencias
Finalmente, Liddell se declaró culpable y fue condenada a cumplir su pena de nueve años de prisión. Al ser una figura pública, su caso sirve como un duro recordatorio de que el abuso de poder no tiene cabida en ninguna institución pública y que la justicia debe prevalecer.
La comunidad ha expresado su rechazo y asombro ante los actos de Liddell, y muchas voces piden que se establezcan medidas más estrictas para evitar que esto vuelva a suceder. La confianza en quienes están a cargo de la alimentación escolar ahora se encuentra fracturada. De esta historia emergen preguntas sobre la vigilancia y la protección de los recursos destinados a los más vulnerables.
El caso de Vera Liddell es un ejemplo de las profundidades a las que algunas personas pueden llegar, poniendo sus intereses personales por encima del bien común, lo que pone de relieve la necesidad de transparencia y control en las instituciones públicas.
