En un clima de fervor y justicia, las familias de 43 estudiantes desaparecidos en México continúan su lucha incansable tras una década de promesas incumplidas por parte del gobierno. Este triste aniversario, que se conmemora cada año, refleja el dolor y la frustración de aquellos que han perdido a sus seres queridos, en un caso que ha captado la atención internacional y ha dejado una marca indeleble en la memoria colectiva del país.
Durante la protesta, miles de manifestantes se reunieron en la capital mexicana, desafiando la lluvia para unirse a las familias en su demanda de verdad y justicia. «La primera vez que vinimos aquí, ¿quién hubiera imaginado que pasaría todo este tiempo y terminaríamos aquí sin respuestas?”, expresó Margarito Guerrero, padre de Jhosivani Guerrero, uno de los estudiantes desaparecidos.
Las atmósferas de las marchas son de resiliencia. Las familias no solo claman por el restablecimiento de la justicia, sino por una Búsqueda genuina de la verdad respecto a lo que realmente sucedió aquella trágica noche de septiembre en 2014. Los estudiantes, que se dirigían a una reunión en Iguala, fueron atacados por una banda de narcotraficantes, en connivencia con autoridades estatales y federales. Las protestas se han convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad y en un recordatorio de que las víctimas en México no deben ser olvidadas.
Además de Guerrero, otras voces se alzan entre la multitud. Lourdes Silva, ama de casa, describió su experiencia al participar en su primera marcha al lado de su hija, quien ha estado apoyando el movimiento durante años. «Tenemos que seguir presionando», afirmó Silva, añadiendo que la angustia sobre la incertidumbre de lo que le ocurrió a su hija es abrumadora.
El día de la manifestación es significativo, ya que cae justo antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador concluya su mandato. Su administración inicialmente infundió esperanza, creando una Comisión de la Verdad y categorizando las desapariciones como un «crimen de Estado». Sin embargo, con el tiempo, el desánimo ha crecido debido a la falta de resultados significativos en la investigación.
“Nos dio mucha esperanza”, dijo Joaquina García, madre de otro estudiante desaparecido. “Pero parece que realmente está protegiendo a los militares, y eso no es justo”. Esta visión se encuentra en auge entre varias familias que observan cómo el gobierno parece priorizar la amistad con las fuerzas armadas sobre la búsqueda de justicia. La preocupación se agudiza cuando consideran que más de 115,000 personas están desaparecidas en el país, un signo alarmante de la crisis de derechos humanos que enfrenta México.
Las críticas internacionales continúan. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado su descontento con los «resultados insatisfactorios» de las investigaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido, temiendo que se esté atrofiando la investigación y que haya un sutil pacto de silencio que cubre la identidad de los culpables.
Sin embargo, a pesar de la adversidad, las familias no se rinden. Las manifestaciones y las vigas de solidaridad se mantienen. «Estamos decididos a seguir luchando y no dejaremos que esto caiga en el olvido”, afirmaron.
En conclusión, después de diez años, no solo claman por respuestas, sino que construyen un legado de resistencia, desafiando a un sistema que muchas veces ha fallado. La historia de los 43 no es solo un recordatorio del dolor, sino un llamado a la justicia que resuena no solo en México, sino en el mundo entero. La lucha por la verdad y la justicia sigue viva.
