Las recientes expulsiones de 238 nacionales venezolanos desde Estados Unidos hacia El Salvador han desatado una tormenta de críticas a nivel internacional debido al contexto de brutal represión que enfrenta este último país bajo un estado de excepción prolongado. Estas acciones, realizadas en abierto desafío a una orden judicial que prohibía su realización, no solo infringen las normativas de derechos humanos, sino que también socavan los fundamentos del debido proceso legal.
Un Estados Unidos que desafía órdenes judiciales
Los 238 venezolanos fueron acusados de pertenecer al infame grupo criminal Tren de Aragua; sin embargo, las deportaciones se realizaron sin evidencias contundentes y muchas de estas personas no tenían antecedentes penales. Según informes, las deportaciones fueron llevadas a cabo sin seguir un proceso establecido en la legislación estadounidense, a menudo reaccionando a estigmas raciales injustificados basados en tatuajes o vínculos meramente supuestos con el estado de Aragua, en Venezuela.
El Salvador: Un infierno para los expulsados
En El Salvador, el clima represivo instaurado por el estado de excepción hace que la llegada de los expulsados sea aún más precaria. Las condiciones inhumanas en los centros de detención, como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), son una realidad documentada. Estos centros están marcados por el hacinamiento extremo y la falta de asistencia médica, mientras que los malos tratos y abusos se convierten en el pan de cada día.
| Condición | Descripción |
|---|---|
| Hacinamiento | Las cárceles operan muy por encima de su capacidad. |
| Acceso a salud | Prácticamente inexistente; las necesidades médicas básicas no se satisfacen. |
| Malos tratos | Denuncias de violencia y torturas sistemáticas. |
Un modelo de «seguridad» autoritario
El enfoque de seguridad del presidente Bukele en El Salvador utiliza el encarcelamiento masivo como un aparente remedio al crimen. Sin embargo, esto se traduce en la criminalización indiscriminada de comunidades empobrecidas y vulnerables. Las personas con empleos precarios y limitados niveles educativos se encuentran en el punto de mira, siendo tratadas como culpables a priori.
- Similitudes entre EE.UU. y El Salvador: Ambos muestran un retroceso en el debido proceso, adoptando medidas discriminatorias hacia los migrantes.
- Condiciones en El Salvador: Estado de excepción vigente que perpetúa abusos y violaciones sistemáticas.
Las recomendaciones para el futuro
Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento urgente a los gobiernos de las Américas a detener su participación en estos programas deshumanizantes de deportación y traslado. En particular, a Estados Unidos se le exige no solo detener las expulsiones, sino también restaurar el derecho al asilo y respetar debidamente las decisiones judiciales.
El rol de la comunidad internacional es vital para poner fin a estas prácticas abusivas. Es necesario que las autoridades adopten medidas proactivas para defender los derechos humanos y revertir el daño infligido a tantas personas que buscan una vida en paz y seguridad. Mientras persistan estos abusos, el compromiso con la justicia y la equidad debe ser más firme que nunca.
