Un sombrío recordatorio de la violencia y la ineficacia del sistema judicial en México. En la madrugada del 11 de abril de 2011, un hallazgo macabro conmocionó a Durango y al país entero. Policías y militares rodearon un taller precario, ubicado en la calle Constituyentes del fraccionamiento Las Fuentes, donde fueron descubiertos más de 280 cuerpos humanos, enterrados sin consideración y sin los protocolos necesarios para su identificación y respeto.
Durante las labores de exhumación, la Procuraduría del Estado utilizó maquinaria pesada, lo que resultó en la destrucción de cuerpos, ropa y pruebas vitales que dificultarían cualquier intento de identificación. Esto no solo fue un acto negligente, sino que el Estado trató a estas víctimas como si fueran escombros, robándoles la oportunidad de un entierro digno y de ser devueltos a sus familias.
La falta de voluntad política y el trato inhumano se hicieron evidentes en ese catastrófico evento.
En la misma mañana del 14 de abril, tres días después del primer hallazgo, se destapó otra fosa en un fraccionamiento de interés social, donde 12 cadáveres más fueron extraídos. En total, la violencia en el estado se tradujo en 383 cuerpos que fueron desenterrados entre 2011 y 2012, de los cuales 259 permanecieron sin identificar hasta 2019. Esto incluye 186 hombres, 15 mujeres y 61 “restos óseos” que no llegaron a la categoría de cuerpo.
A medida que se llevaron a cabo más excavaciones, la escala de la tragedia se hizo más evidente. Por ejemplo, en una de las fosas que se encontró el 3 de mayo de 2011, la retroexcavadora desmembró a 53 cuerpos, incluyendo cuatro de mujeres. Estos actos se basan en confesiones de ex-agentes que trabajaron para El Chapo, quienes llevaron a cabo estas atrocidades.
En un contexto en el que este tipo de incidentes no son aislados, un perito de la PGR criticó abiertamente las condiciones de exhumación, afirmando, «Los cuerpos fueron retirados con maquinaria, como si fueran escombros; destruyeron cadáveres sin respeto y sin protocolos«. Es difícil comprender cómo en un estado moderno, se pueda permitir que actos tan abominables sigan ocurriendo.
La respuesta del gobierno estatal justificó las malas prácticas, alegando que las condiciones del suelo contaminaban la cadena genética, complicando aún más la identificación. Sin embargo, esto no es más que una excusa para encubrir la falta de procedimientos adecuados y del respeto por las víctimas y sus familias.
A su vez, estos hallazgos son solo un atisbo de un problema más grande en el país, donde la violencia y la impunidad son crónicas. Ensombrecido por el narcotráfico y la violencia criminal, México enfrenta hoy el desafío de no solo reconocer a las víctimas de esta violencia, sino también encontrar la justicia apropiada para ellos y sus familias, quienes han sufrido este doloroso silencio por mucho tiempo.
La historia sigue sin resolución, y con 497 personas aún desaparecidas en el Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, el clamor por justicia sigue resonando en el aire. La falta de acción adecuada por parte del gobierno no solo se convierte en un vacío histórico, sino en una cicatriz en el tejido social de México.
